De los 45 homicidios registrados por la prensa en el primer trimestre de 2018, 27 fueron cometidos con armas de fuego, es decir el 61,3%, cifra que está dentro de los promedios (elevados) de los últimos años: en 2010 la proporción era del 48%, en 2013 del 63%, en 2015 del 65% y así se mantiene, aunque este año la estimación de los datos puede cambiar para mal, dados los altos índices de violencia que han tenido estos primeros meses.
Los factores de riesgo, además, crecen, al menos en la percepción pública. Por un lado, porque desde la rebelión policial de 2013, cuando hubo tres días de caos y la ciudadanía se reunió en piquetes vecinales para defenderse de los motociclistas saqueadores, hay la convicción de que una gran cantidad de armas está en manos de la población civil. Por otro, porque es notoria la circulación de armas en la periferia, ya sea denunciada como elemento estratégico de los dealers que manejan el narcomenudeo (reparten armas a sus “soldaditos”), así como se vio una brutalidad de armas en los recientes sepelios acompañados de tiroteos. Hace tres semanas, el fiscal Washington Navarro Dávila llamó a conferencia de prensa para advertir sobre la circulación masiva de armas, sobre todo ilegales. ¿Con qué datos se sustenta? Con pocos, porque no hay mediciones precisas, como no sean estimaciones parciales surgidas de experiencias de cada fiscalía. El registro de esos datos está en pañales en nuestro medio.
Elemento disparador
Fue precisamente con un robo en la fiscalía V de Navarro Dávila, ocurrido hace dos años (desconocidos entraron a sus oficinas y se llevaron elementos secuestrados que estaban guardados en armarios de lata) cuando se advirtió de la necesidad de resguardar las armas, celulares y otros objetos incautados en allanamientos o en propiedad de personas acusadas de delito. La oficina de Secuestros Judiciales fue creada en septiembre de 2016 en el Ministerio Fiscal y en ella se guardan las armas después de que son peritadas y hasta que van a juicio. Hay unas 2.000 armas (escopetas, pistolas y revólveres, principalmente), de las cuales un 80% están identificadas, según explica Juan Pablo Espeche, responsable de la oficina, y registradas por fiscalía, por causa y por descripción específica, y precintadas. El 10 % de esas armas son tumberas o “hechizas”. Ingresan por semana entre 8 y 10 armas (más de una por día, promedio arbitrario, por cierto). Espeche indica, además, que eso muestra que aumentó el índice delictivo, percepción que tiene por haber sido empleado de fiscalía. Pero no tiene cifras: “desde 2013 no había registro real de lo que ingresaba, y antes era todo caos; en la oficina había bultos con material secuestrado, no clasificado”. Todavía, dice, no hay elementos para hacer comparaciones: “en diciembre tendremos todo registrado”. En lo que va del año ingresaron 480 elementos (armas, celulares, etcétera) a esa oficina.
Precariedad
Pero eso no es todo lo que existe en el sistema penal: en las fiscalías se encuentran los secuestros de las pesquisas cotidianas, y están alojados en las mismas condiciones de siempre, que motivaron quejas de los fiscales cuando fue la incursión de los desconocidos a la fiscalía V. Hasta que no se hacen las pericias, los secuestros quedan en las oficinas de los fiscales. No obstante, Navarro Dávila tiene cifras similares: se secuestra un arma por día en los 10 días de turno. Este fiscal advierte, además, un fenómeno que ve en los barrios, que es el hecho de que se secuestran muchas municiones pero pocas armas en los allanamientos a dealers y a “tumberos”, “que al parecer alquilan lugares a sus vecinos para que les guarden las armas”. En el último sepelio con disparos, realizado en un cementerio cercano al Camino de Sirga, hubo policías acompañando el cortejo fúnebre. Esto fue muy criticado socialmente, pero Navarro Dávila lo justifica diciendo que no se podía intervenir porque había riesgos para los deudos. Lo que se hizo fue identificar por las motos a los que disparaban armas y luego se hizo allanamientos y se secuestraron celulares y documentación que está siendo estudiada en una tarea “hormiga”.
En una charla en Capital Federal sobre “Armas, mujeres y violencia”, organizada por la Asociación para Políticas Públicas, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Red Argentina para el Desarme, el 5 de abril, se dieron a conocer los pocos datos que hay al respecto, muchos sustentados en la Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, de 2009. Se sabe que en 2015 había en Argentina 945.864 usuarios de armas de fuego autorizados por el Estado, que tienen registradas 1,5 millón de armas. Se estima que en el mercado ilegal por lo menos se duplica la cantidad de armas registradas, de modo tal que habría en el país entre 3 y 4 millones de armas de fuego, según explica Julián Alfie, del Inecip. En Tucumán no hay precisiones. A partir de la encuesta de factores de riesgo se estimaba en el país, el 7,1% de la población poseía un arma en su entorno, porcentaje que representa más del doble de los usuarios conocidos en el ex Renar (Registro Nacional de Armas). En Tucumán la cifra se elevaba al 8,6% y se hablaba de que había 24.000 armas registradas.
En 2015 se hizo una nueva ley sobre armas y se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que establecía un lugar para enviar las armas del país (Banmac) tanto secuestradas como las obtenidas en los planes de desarme, pero su funcionamiento está acotado. Navarro Dávila dice que en 2015 se iba a iniciar una prueba piloto para capacitar empleados sobre protocolos en registro de este material, crear un depósito regional “donde iban a estar las armas hasta el juicio oral y luego iban a ser destruidas”. Ahora no se sabe el destino final de las armas. Según los empleados de la oficina de Secuestros Judiciales, vuelven allí después de los juicios. El camarista Pedro Roldán Vázquez dice que muchas armas son entregadas a la Policía luego de los juicios. Pero Tucumán no se adhirió a la ley de la Anmac, por lo tanto no se envían armas para que sean destruidas.
Creciente violencia de género
Se estima que en el país hay 8 muertes por día por uso armas de fuego (entre homicidios y suicidios). El debate sobre armas, mujeres y violencia se centró en el creciente problema de la violencia de género y allí se destacó que el 97% de los usuarios de armas son varones, “lo cual confirma la tendencia mundial de que las mujeres no son propietarias ni compradoras ni usuarias”, dice Alfie, que destaca también que en la mayoría de los casos de femicidios se trata de agresiones de parejas, ex parejas o conocidos, que entre el 13 y 25% de los casos había denuncias previas y que en el análisis de sentencias judiciales por estas causas se reveló que un 76% hubo referencias a episodios previos de violencia, de lo que se concluye que el 57% de las víctimas por algún motivo no hicieron la denuncia. Y otra cifra: uno de cada cuatro femicidios se produce con arma de fuego.
Según la encuesta de victimización que hizo el Ministerio de Justicia de la Nación, la mayoría de las personas que tiene armas dice que el motivo es la prevención o la protección contra la delincuencia. Pero la imagen de que la “amenaza” viene del exterior no se condice con lo que ocurre en relación con los femicidios, explica Alfie, quien dice que el riesgo aumenta significativamente la posibilidad de que una mujer sea asesinada en el hogar, habiendo armas en la casa. Un 28% de las víctimas de violencia de género señala que el agresor dispone de un arma de fuego, señala, citando datos del Instituto Nacional de la Mujer, donde también se dice que dos de cada 10 agresores que tienen medidas de protección vigentes poseen armas. En consecuencia, Alfie propone que se secuestren las armas presentes en hogares donde hay violencia de género y que el Estado debe tener una política en serio. “Pese a que la gente cree que son para defensa, las armas vienen siendo usadas en conflictos interpersonales y discusiones”, detalla. Navarro Dávila advierte, por su parte, que los riesgos son elevados porque la gente que tiene un arma para defensa no sabe cómo actuará en un momento de emoción violenta. El caso de la señora de Taiwán asesinada en Lules por un asaltante cuando su marido intentó defenderse a balazos es un triste ejemplo.
¿En qué consiste esa necesaria “política” estatal sobre armas? La Red de Desarme critica que la Anmac, así como su antecesor Renar, sigue dependiendo para su funcionamiento de la venta de los formularios para tenencia de armas, pese a que la ley obliga a que tenga presupuesto propio. Adrián Marcenac, padre de una víctima del tirador serial de Belgrano en 2006, ha reclamado primero que el organismo que debe llevar adelante las políticas de armas en nuestro país se financia con los que deben controlar y luego que las políticas que se llevan adelante generan en muchos casos que prolifere la circulación de armas ilegales. “El Estado paralizó hace un año y medio el plan de desarme”, añade Alfie. “No se sabe nada. No está participando la sociedad civil. El Estado tiene doble deber: perseguir armas de fuego de delincuentes y reducir armas en la población civil porque es un riesgo”. Muy poco se está haciendo al respecto y es caótico, mientras la gente está armada hasta los dientes.